Ha sido radicado un nuevo proyecto de ley que busca tocar los impuestos en el país. Aquí te propongo una mirada y un analisis con respecto al proyecto de ley de financiamiento que radicó el año pasado el actual gobierno.
Tras el hundimiento en el Congreso del ambicioso Proyecto de Ley 300 de 2024, conocido como la «Ley de Financiamiento», el debate económico nacional ha girado hacia una nueva propuesta: el recién radicado proyecto de ley de «Reactivación Económica». Este cambio de timón legislativo marca un contraste fundamental en la visión sobre cómo impulsar la economía del país, pasando de una reforma fiscal profunda a una estrategia de estímulos directos y agilización de trámites. Mientras que la fallida «Ley de Financiamiento» buscaba una reforma estructural del sistema tributario con miras a fortalecer el recaudo y la sostenibilidad a largo plazo , el actual proyecto de «Reactivación Económica» se enfoca en proporcionar un alivio inmediato a ciudadanos y empresas. Analizar la nueva propuesta a la luz de su predecesora permite entender la nueva dirección y sus posibles implicaciones.
Dos Caminos Opuestos: Alivio vs. Sostenibilidad
El proyecto de «Reactivación Económica» actualmente en trámite busca generar un impacto rápido a través de las siguientes medidas:
Propone una reducción de hasta el 80% en sanciones e intereses para deudas con la DIAN.
Contempla amnistías para multas de tránsito y la posibilidad de conciliar deudas en procesos judiciales.
Busca agilizar la relación Estado-empresa con figuras como el silencio administrativo positivo y la garantía de atención aduanera continua.
Por el contrario, la archivada «Ley de Financiamiento» (PL 300/2024C) proponía una reestructuración más profunda del sistema impositivo. Sus principales ejes eran:
Planteaba un incremento al impuesto al patrimonio, la aplicación de IVA a servicios como los juegos de azar en línea y a los vehículos híbridos, y un aumento en la tarifa del impuesto al carbono.
Proponía modificar normativas fiscales clave, como la eliminación del Régimen Simple de Tributación, y realizar ajustes a la Regla Fiscal para robustecer las finanzas públicas.
Un punto crucial que se mantiene en el debate es la tarifa del impuesto de renta para las empresas. La propuesta de reducir la tarifa nominal del 35% al 30% sin una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, el costo fiscal de estos beneficios (rentas exentas, deducciones, tarifas diferenciales, etc. ) ascendió a $21,4 billones en 2023, equivalente al 1,3% del PIB. El propio Ministerio de Hacienda ha señalado que una reducción tarifaria debe ir «acompañada de una depuración de beneficios tributarios regresivos». Ignorar esta recomendación contradice el objetivo de estabilidad fiscal y las directrices de la OCDE, que favorecen la ampliación de la base imponible sobre el simple ajuste de tasas nominales. Una política que combine una menor tarifa de renta con nuevas amnistías podría, en lugar de una reforma integral, generar un ajuste que incentive comportamientos adversos y merme la progresividad del sistema tributario.
A continuación, se presentan las similitudes y diferencias entre el proyecto actual y el que fue hundido, para una mejor comprensión de los dos enfoques
