Ha sido radicado un nuevo proyecto de ley que busca tocar los impuestos en el país. Aquí te propongo una mirada y un analisis con respecto al proyecto de ley de financiamiento que radicó el año pasado el actual gobierno.
Tras el hundimiento en el Congreso del ambicioso Proyecto de Ley 300 de 2024, conocido como la «Ley de Financiamiento», el debate económico nacional ha girado hacia una nueva propuesta: el recién radicado proyecto de ley de «Reactivación Económica». Este cambio de timón legislativo marca un contraste fundamental en la visión sobre cómo impulsar la economía del país, pasando de una reforma fiscal profunda a una estrategia de estímulos directos y agilización de trámites. Mientras que la fallida «Ley de Financiamiento» buscaba una reforma estructural del sistema tributario con miras a fortalecer el recaudo y la sostenibilidad a largo plazo , el actual proyecto de «Reactivación Económica» se enfoca en proporcionar un alivio inmediato a ciudadanos y empresas. Analizar la nueva propuesta a la luz de su predecesora permite entender la nueva dirección y sus posibles implicaciones.
Dos Caminos Opuestos: Alivio vs. Sostenibilidad
El proyecto de «Reactivación Económica» actualmente en trámite busca generar un impacto rápido a través de las siguientes medidas:
Propone una reducción de hasta el 80% en sanciones e intereses para deudas con la DIAN.
Contempla amnistías para multas de tránsito y la posibilidad de conciliar deudas en procesos judiciales.
Busca agilizar la relación Estado-empresa con figuras como el silencio administrativo positivo y la garantía de atención aduanera continua.
Por el contrario, la archivada «Ley de Financiamiento» (PL 300/2024C) proponía una reestructuración más profunda del sistema impositivo. Sus principales ejes eran:
Planteaba un incremento al impuesto al patrimonio, la aplicación de IVA a servicios como los juegos de azar en línea y a los vehículos híbridos, y un aumento en la tarifa del impuesto al carbono.
Proponía modificar normativas fiscales clave, como la eliminación del Régimen Simple de Tributación, y realizar ajustes a la Regla Fiscal para robustecer las finanzas públicas.
Un punto crucial que se mantiene en el debate es la tarifa del impuesto de renta para las empresas. La propuesta de reducir la tarifa nominal del 35% al 30% sin una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, el costo fiscal de estos beneficios (rentas exentas, deducciones, tarifas diferenciales, etc. ) ascendió a $21,4 billones en 2023, equivalente al 1,3% del PIB. El propio Ministerio de Hacienda ha señalado que una reducción tarifaria debe ir «acompañada de una depuración de beneficios tributarios regresivos». Ignorar esta recomendación contradice el objetivo de estabilidad fiscal y las directrices de la OCDE, que favorecen la ampliación de la base imponible sobre el simple ajuste de tasas nominales. Una política que combine una menor tarifa de renta con nuevas amnistías podría, en lugar de una reforma integral, generar un ajuste que incentive comportamientos adversos y merme la progresividad del sistema tributario.
A continuación, se presentan las similitudes y diferencias entre el proyecto actual y el que fue hundido, para una mejor comprensión de los dos enfoques:
Área temática/propuesta | Proyecto de ley «reactivación Económica» | Proyecto de ley de Financiamiento |
| Propone una reducción de la tarifa | Proponía un esquema de tarifas |
Beneficios para Energías No Convencionales | Modifica la Ley 1715 de 2014 para | Proponía cambiar el beneficio de |
| Autoriza a la Nación, para las | Autorizaba a la Nación, para la |
| El Fondo Nacional del Ahorro | El Fondo Nacional del Ahorro |
| Establece la exclusión del IVA para | Proponía que los servicios |
| Otorga exención de IVA en la | Otorgaba exención de IVA a |
Diferencias marcadas
Proyecto de Ley “Reactivación Económica” | Proyecto de Ley de Financiamiento (PL.300-2024C) |
Enfoque Principal: Alivios y Amnistías Tributarias | Enfoque Principal: Nuevos y Mayores Impuestos |
Reducción de Sanciones (DIAN): Ofrece una reducción de hasta el 80% en sanciones e intereses para deudas en mora. | Impuesto al Patrimonio: Reducía el umbral para declarar y crea una nueva tarifa marginal del 2.0%. Lo extiende a activos no productivos de personas jurídicas. |
Enfoque Principal: Racionalización de Trámites | Enfoque Principal: Reformas Fiscales Estructurales |
Silencio Administrativo Positivo: Si una entidad no resuelve una solicitud empresarial en 30 días, se | Eliminación del Régimen Simple de Tributación (RST): Deroga el RST a partir de 2026 por no cumplir sus objetivos de formalización. |
Atención Continua en Aduanas: Ordena a INVIMA, ICA y DIAN garantizar atención 24/7 en puertos, aeropuertos y fronteras. | Ajustes a la Regla Fiscal: Propone anticipar para 2025 la aplicación del mecanismo paramétrico de la Regla Fiscal e incorpora un «componente verde». |
Control a «Tramitadores»: Faculta a la UIAF para realizar investigaciones aleatorias a funcionarios para detectar enriquecimiento ilícito. | Fortalecimiento de la Fiscalización: Condiciona la deducción de costos y gastos a la declaración y pago |
Con el fracaso de la vía reformista que representaba la «Ley de Financiamiento», el foco del debate económico nacional se ha desplazado inevitablemente hacia el proyecto de «Reactivación Económica». La conversación ahora se centra en una pregunta fundamental: ¿Puede esta nueva propuesta, con su enfoque en alivios inmediatos, estimular la economía de manera efectiva sin comprometer la salud fiscal a largo plazo?
El proyecto de «Reactivación Económica» prioriza un alivio rápido para ciudadanos y empresas a través de beneficios tributarios y la simplificación de trámites. Las propuestas de reducir sanciones de la DIAN hasta en un 80%, ofrecer amnistías para multas de tránsito y facilitar conciliaciones judiciales buscan inyectar liquidez y confianza en el corto plazo. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos significativos. La principal preocupación, como se desprende del análisis, es que una reducción de la tarifa de renta corporativa sin una evaluación detallada de los beneficios fiscales existentes —cuyo costo ascendió a 1,3% del PIB en 2023— podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por lo tanto, el debate en el Congreso será decisivo y deberá sopesar dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la urgencia de reactivar una economía que necesita estímulos. Por otro, la advertencia de que medidas como la reducción de tasas sin una base imponible más amplia pueden generar «un desequilibrio en el recaudo». La discusión ya no es sobre qué modelo elegir, sino sobre la viabilidad y las consecuencias del único modelo que queda sobre la mesa.
Los legisladores deberán determinar si los beneficios a corto plazo de esta propuesta superan los peligros de mermar la «progresividad y suficiencia del sistema tributario nacional» a futuro. La decisión que tomen no solo definirá la política económica de los próximos años, sino que también sentará un precedente sobre cómo el país equilibra las necesidades económicas inmediatas con la responsabilidad fiscal a largo plazo. En última instancia, el camino que tome Colombia dependerá de este análisis crítico en el seno del Congreso.
